¿SE JUSTIFICA OCUPAR UN PARQUE PÚBLICO?

Compartimos esta nota de prensa de la Mesa Ambiental del Chaco, en alusión a la intervención del Parque Caraguatá

El ambientalismo presenta, en sus muy diversos matices, movimientos en defensa del ambiente con mayor o menor relación con otras problemáticas sociales, económicas y políticas. El ambiente, no sólo se circunscribe a los espacios naturales, sino a todo lo que configura lo natural y construido, lo vivo y no vivo, lo antrópico y la biodiversidad en su conjunto, lo abstracto y lo concreto.

En general a los ambientalistas se los contextualiza desde el punto de vista del activismo en defensa de lo meramente natural, cuando en realidad es al revés: las interacciones humanas desmedidas con el ambiente, provocan desequilibrios que deben ser analizados para evitar mayores perjuicios socio-ambientales. Vale decir: los ambientalistas, también defendemos el bienestar social, y eso se logra respetando las leyes de la naturaleza, de quien no escapa absolutamente nadie.

Respecto de esto, analizamos con preocupación las decisiones que llevan adelante las políticas públicas de intervención en espacios naturales que forman parte de los bienes públicos a los que tenemos derecho de acceso y que, sin mediar consulta ni estudio de impacto ambiental alguno, son intervenidos en forma irreversible por  - como dijimos – decisiones unilaterales de los gobiernos de turno, que inexorablemente dejarán el mandato, y nos dejarán también el perjuicio en forma permanente.

Nos referimos específicamente a la decisión del actual gobierno provincial de urbanizar el Parque Caraguatá, que fue creado en la década de los 90 precisamente con la finalidad de ser un espacio de aprovechamiento natural y educativo, abierto a todos los ciudadanos, y que si bien sufrió de abandono en su mantenimiento, es hora urgente de reconsiderar su verdadero valor como bien público, natural y cultural.

El parque Caraguatá ha mutado desde su inauguración, pasando por varios proyectos de uso que nunca llegaron a concretarse.

Retrotrayéndonos al año 2013,  se planificó instalar en este predio, la “Ciudad Cívica”, que nuclearía las actividades de los tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Más tarde, hace precisamente tres meses, la Cámara de Diputados sancionó la ley 7.591, por la que se realiza la transferencia de parte de este predio al Municipio capitalino, con el fin de ser intervenido como cementerio. Finalmente, los últimos anuncios desde el gobierno, fueron los de destinar estos espacios, para la ejecución de “soluciones habitacionales”, en virtud de la falta de territorio para ese propósito.

Nos preguntamos seriamente si estas soluciones habitacionales realmente lo serán, teniendo en cuenta que esta zona sería aquella que ante la posibilidad de urbanización, deben realizarse primero obras de drenaje urbano, porque está calificada como inundable ante la presencia de precipitaciones, determinándose como zona de restricción severa temporaria, o sea, quiénes construyan viviendas en ese predio, (Municipios, IPDUV, empresas, etc.), ya saben y queda documentado por la resolución 121/14 de la APA, que si construyen bajo ese riesgo, se inundarán/anegarán por lluvias. Vale decir, lo hacen a riesgo del propietario.

Más allá de estos riesgos de exponer a la población a perjuicios que saldrán muy caros, no se han tenido en cuenta los impactos que estos emprendimientos tendrán a nivel urbanístico y natural. Nos preguntamos seriamente si es viable para el ciudadano superar el difícil problema de la circulación para trasladarse al centro de la ciudad, recargando la ruta y las escasas avenidas, con el agravante de que se estarán afectando corredores productivos como el de la Ruta nº 16 con tránsito de cargas de carácter internacional, más el consiguiente incremento de la vigente epidemia de letales incidentes de tránsito.

Respecto de la cuestión conservacionista: ¿Se justifica ocupar un parque público? Quizás lo más desacertado de esta iniciativa sea precisamente eso: la ocupación de un Parque público, con todas las condiciones para ser declarada Reserva Natural Urbana, algo que muchas megalópolis a nivel mundial priorizan a la hora de planificar las urbanizaciones en consonancia con la calidad de vida, precisamente, por los múltiples servicios ecosistémicos que ofrecen a las poblaciones. Pues esta visto que  nos encontramos en un marcado retroceso respecto de esto, por cuanto seguimos asistiendo a intervenciones sin una línea consecutiva, sin planificación, sin participación social ni consulta,  y con muchísima improvisación, en la mayoría de los casos, irresponsable, por parte de los tomadores de decisiones que ven en estos espacios sólo el valor inmobiliario que nada tiene que ver con los bienes comunes y el bienestar social. Los parques no son espacios vacíos, son equipamientos urbanos indispensables como espacios de esparcimiento y descanso, para el desarrollo de actividades físicas y culturales al aire libre, para el encuentro y la socialización, para el estudio científico y también indispensables por ser los grandes pulmones de las ciudades, mitigadores de inundaciones por lluvias, amortiguadores para los microclimas que inciden sobre una ciudad con cada vez más cemento y menos árboles. Usualmente, los parques, reservas naturales, plazas, y demás áreas verdes de las ciudades constituyen los únicos espacios libres y gratuitos para los ciudadanos

·         Además de eso, la importancia de este espacio verde (hasta ahora público) radica en la gran biodiversidad que contiene, en la cobertura vegetal y en los ambientes que posee, que representan al Chaco Húmedo, este predio natural es el más extenso con que cuenta la ciudad de Resistencia (77 Has). Pertenece al Sitio Ramsar “Humedales Chaco”, declarado como tal en 2004. Alberga ambientes como las sabanas y sabanas mixtas con palmeras (47,7 % de la superficie total), bosque nativo (31,8%), cañadas y pajonales (9,2 %), acompañados por cuerpos de agua (1,8 %), y suelo desnudo, caminos o suelo intervenido (9,4 %). Dentro de estos ambientes se incluyen especies vegetales representativas como nuestro quebracho colorado; algarrobo, espinillo, palmera caranday, etc. Y sólo por mencionar a las aves como parte de la fauna en su conjunto, se reconocen en el parque a más de 100 especies (equivalentes al 30 % de la avifauna de la provincia) censadas sólo durante el invierno; sin mencionar las aves que la pueblan en las demás estaciones, más todas las otras especies habitantes (mamíferos, reptiles, artrópodos). Por estar este parque ubicado dentro de los denominados Humedales Chaco, la normativa Ramsar establece que se deben proteger estos lugares debido a la gran importancia ecológica y biológica que tienen, porque además de ser lugares que albergan gran diversidad biológica, son sitios que sirven de refugio para aves migratorias, que aprovechan estas épocas para hacer paradas temporales Lamentablemente, además de las acciones directas que se han realizado para drenar y "recuperar" humedales, estos están sujetos al deterioro tanto por las obras que se desarrollan en los ecosistemas acuáticos que provocan modificaciones en el ambiente, como represas y canalizaciones, como por actividades que se realizan en zonas terrestres cercanas a los humedales, ya sea por extracción de agua o por adición de nutrientes, contaminantes o sedimentos.

Así es que decimos, que necesitamos un proyecto integral que por su coherencia y sus criterios sociales tenga la fuerza de aquellos tras los cuales se encaminan los esfuerzos colectivos y que cuando se concretan son obra de todos, no sólo de los distintos gobiernos, que borran lo hecho para volver a empezar, sin una continuidad racional, sin un compromiso y un gesto político que sostenga este capital a futuro, educando en nociones elementales de convivencia, de respeto al territorio, al patrimonio natural y cultural y al espacio público

Si analizando los aspectos señalados, la iniciativa aparece cuestionable en sus fundamentos, la manera de gestionarla resulta más cuestionable aún. No es admisible licitar una obra que implicará los impactos expuestos, sin haber sido avalado previamente su proyecto por los distintos colectivos profesionales y el conjunto de la ciudadanía. En la provincia del Chaco, la Ley 4654/99 deja entender en su art. 3 que la convocatoria a audiencias públicas es facultativa del Ejecutivo, la Legislatura o los municipios que adhieran a la citada norma. Sin embargo, no puede sino entenderse que los derechos de los ciudadanos y sus formas de protección y aplicación tienen como sustento de base, principios y normas constitucionales que son operativas por sí mismas y las tornan obligatorias. Las normas están, y escuchar la opinión de los ciudadanos, es lo que indican.

El Gobierno tiene la oportunidad de enseñar con el ejemplo, de sumar a todos los interlocutores que faltan: los municipios, los colectivos profesionales, los colectivos sociales, sus propios funcionarios, etc. Soslayar la importancia del consenso y la participación ciudadana en intervenciones de bienes que son públicos, es limitar desde su propio origen el alcance de la propuesta, y el verdadero valor de la democracia.

“… Los movimientos vecinales y ecologistas siguen manteniendo duras luchas contra las administraciones para la defensa de los espacios verdes públicos urbanos, para la preservación del paisaje y el respeto de los usos para los que fueron creados, para la conservación del patrimonio arquitectónico, paisajístico y artístico, en oposición a los proyectos y leyes que  enajenan los espacios públicos, que los desnaturalizan para la explotación comercial privada…”(Manifiesto de la 38º Asamblea Anual de la Red Nacional de Acción Ecologista)

Firman:

* Nora B. Giménez, abogada, por Conciencia Solidaria, organización interprovincial.

* Eugenio y Eugenio Ernesto Rolón, Lics. En Gestión Ambiental, por la Fundación

      Casco Histórico Barranqueras.

       * Clara Riveros Sosa, Toribio Navarro y Prof. Mario Ramírez por la Biblioteca Popular  

            Bernardino Rivadavia.

        * Rolando Núñez, abogado, Coordinador del Centro de Estudios Nelson Mandela.

        * Ricardo Morel y Mario Villafañe por la CTA Autónoma.

        * Carina Alejandra Suárez

        * Rodolfo Acosta, Ing. Agónomo.

        * Nélida Isabel Peña

        * María del Carmen Peón